La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación suscribieron un convenio con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para establecer la distribución de espacios físicos destinados a ambos organismos en el Edificio Anexo de los Tribunales de la capital provincial.



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El acuerdo contempla la asignación de 2.628 metros cuadrados distribuidos en distintos sectores del edificio. En concreto, los Ministerios Públicos dispondrán de 318 m² en el subsuelo, 350 m² en el primer piso, 580 m² en el quinto piso y otros 1.380 m² en el sexto piso, sector que todavía se encuentra pendiente de finalización.

Desde las instituciones se destacó que el entendimiento constituye una muestra de responsabilidad institucional y madurez en la relación entre los distintos poderes del Estado, como resultado de intensas gestiones y conversaciones conjuntas.

No obstante, la firma del convenio no implica el cierre de las negociaciones. Las partes acordaron continuar realizando evaluaciones y gestiones con el objetivo de avanzar hacia la obtención de los espacios que resulten necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de ambos organismos.

Un paso hacia la concentración del sistema penal

Uno de los principales aspectos destacados del acuerdo es que permitirá avanzar en la concentración de los distintos actores del sistema penal dentro de una misma unidad edilicia.

Según se señaló, esta organización favorecerá una mayor articulación entre los organismos que intervienen en los procesos judiciales y podrá traducirse en una prestación más eficiente del servicio de justicia.

El beneficio alcanzará también a abogados, profesionales del derecho y a la ciudadanía en general, al facilitar el acceso y la interacción con las distintas instituciones que forman parte del sistema penal.

La distribución acordada representa así un nuevo avance en la organización edilicia de los Tribunales de Santa Fe, al tiempo que deja abierta la continuidad de las gestiones para completar las necesidades de infraestructura de los Ministerios Públicos.