El juez penal José Boaglio accedió al pedido de la defensa de desvincular al joven del caso por tener menos de la edad imputabilidad vigente al momento del hecho.
El ataque ocurrió en marzo de este año en la escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.
Los Tribunales Penales de San Cristóbal dictaron el sobreseimiento de Gino C., un adolescente de 15 años que estaba imputado en una causa por homicidio doloso calificado. El juez de la Sección Juvenil, Dr. José Boaglio, tomó la decisión fundamentado en la no punibilidad del menor debido a su edad al momento del hecho.
El magistrado resolvió poner fin al proceso penal ya que se constató objetivamente que el adolescente tenía 15 años cuando ocurrió el suceso, lo que legalmente impide la persecución penal en los términos de la legislación vigente. Además, la resolución destaca que transcurrió ampliamente el plazo de tres meses previsto por el artículo 54 del Código Procesal Penal Juvenil desde la audiencia imputativa.
La causa penal, caratulada provisionalmente como "C.G. y otros s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO y otros", investigaba un hecho de sangre ocurrido el pasado 30 de marzo de 2026, en el cual resultara víctima fatal Ian Cabrera, además de registrarse otros dos hechos en grado de tentativa en perjuicio de otros dos alumnos.
Continuidad de las medidas de protección
A pesar del sobreseimiento penal, el fallo determina que las medidas de protección personal dispuestas sobre el adolescente continuarán plenamente vigentes. Sin embargo, la justicia penal juvenil declaró el cese de su propia competencia para modificarlas o controlarlas.
A partir de esta resolución, el control y la ejecución de estas medidas de resguardo quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe (en el marco de la Ley Provincial N° 12.967 de Protección Integral). El control de legalidad posterior de todo lo actuado corresponderá de manera exclusiva al Juzgado de Familia competente por territorio.
El Dr. Boaglio argumentó que esta decisión responde a un "cambio de paradigma" de la legislación nacional y provincial, que busca priorizar el interés superior del niño mediante herramientas de protección especial brindadas por órganos administrativos especializados, en lugar de sostener la intervención de los tribunales punitivos tradicionales.
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