La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe anuló un fallo de segunda instancia y ordenó que se dicte una nueva sentencia en una causa por abusos sexuales en perjuicio de dos agentes municipales de la ciudad de Reconquista.
La decisión del máximo tribunal santafesino se produjo a raíz de un recurso de queja presentado por la Fiscal Regional, Georgina Díaz, en el marco del proceso judicial contra Rolando Edgardo Quarín, de 61 años, quien al momento de los hechos era jefe de las víctimas en el área de Tránsito de la Secretaría de Control Público de la Municipalidad de Reconquista.
La resolución fue adoptada por unanimidad y lleva las firmas del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, y de los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler y Margarita Zabalza.
Un nuevo tribunal deberá resolver
Quarín había sido juzgado en un juicio oral y condenado a un año y seis meses de prisión condicional como autor de un abuso sexual simple cometido en perjuicio de una de las agentes municipales.
Sin embargo, fue absuelto por otro hecho, calificado como abuso sexual con acceso carnal, que se le atribuía en perjuicio de una segunda mujer.
Tras el juicio, el Ministerio Público de la Acusación presentó una apelación parcial y solicitó que se revoque la absolución. La pretensión del MPA es que se imponga al acusado una pena de 10 años de prisión.
Ahora, luego de la decisión de la Corte Suprema, deberá intervenir otro tribunal de Alzada, que tendrá que dictar una nueva sentencia.
La Fiscalía cuestionó el fallo
La Fiscal Regional Georgina Díaz, quien llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación durante las distintas etapas del proceso, cuestionó la forma en que se analizaron los hechos.
Según indicó, tanto la jueza de primera instancia como el camarista cuyo fallo fue anulado utilizaron el término “acoso laboral” para referirse a lo que, de acuerdo con la acusación, constituyó un abuso sexual con acceso carnal cometido en el ámbito laboral.
Por su parte, la Defensa también había solicitado una revisión de la sentencia por otros motivos, aunque su planteo fue desestimado.
Cuestionamientos en la valoración de las pruebas
En su voto, el ministro Jorge Baclini sostuvo que la resolución anulada se basó en una valoración “aislada y fragmentada” del material probatorio.
El magistrado señaló que se otorgó mayor importancia a elementos secundarios por sobre otros que resultaban concordantes con el relato de la denunciante.
Además, remarcó que, debido a la naturaleza de los delitos investigados, era necesario realizar una valoración integral de las pruebas, teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de hechos y evitando razonamientos basados en estereotipos sobre el comportamiento de las víctimas.
Por su parte, el ministro Daniel Erbetta cuestionó la forma en que el tribunal analizó distintos testimonios, entre ellos los de compañeros de trabajo de las víctimas y subalternos del acusado.
También advirtió que no se tuvo debidamente en cuenta el impacto que la causa había tenido dentro del ámbito laboral y cuestionó lo que consideró una valoración parcializada de la declaración de una psicóloga que participó como testigo durante el juicio.
Con la anulación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el caso deberá volver a ser analizado por otro tribunal de segunda instancia, que será el encargado de dictar una nueva resolución.
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