Los padres de Miguel Nicolás Portillo presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Vera contra el médico policial Juan Pablo Serrano, a quien atribuyen presuntas irregularidades en el marco de la investigación por la muerte de su hijo, ocurrida el 24 de abril de 2026 sobre calle Allende Lezama de la ciudad de Vera.
La presentación fue realizada por María Itatí Alegre y Miguel Ángel Portillo, con el patrocinio de las abogadas María Belén Saavedra y Virginia Soledad Magnago. En el escrito solicitan la apertura de una Investigación Penal Preparatoria por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Cuestionamientos a la actuación médica
Según surge de la denuncia, el hecho investigado corresponde a la causa caratulada “Vicente, Hugo Hernán s/Homicidio Culposo”, iniciada tras el hallazgo del cuerpo de Miguel Nicolás Portillo sobre la cinta asfáltica de calle Allende Lezama durante la madrugada del 24 de abril.
Los denunciantes sostienen que el médico policial diagnosticó una muerte por traumatismo de cráneo, múltiples lesiones y desplazamiento de cadera, pero dejó asentado en el acta que “no aconsejaba autopsia” al considerar reconocida la causa de la muerte. La familia considera que esa decisión privó a la investigación de una prueba fundamental para determinar con precisión la mecánica del hecho, las circunstancias del impacto y otros elementos científicos relevantes.
Muestras biológicas inutilizadas
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con las muestras biológicas obtenidas tanto del fallecido como del conductor investigado.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el Laboratorio Químico Forense de Santa Fe declaró “no aptas” para análisis la muestra de sangre extraída al imputado y la muestra de humor vítreo obtenida de la víctima. En el primer caso, debido a que la sangre llegó totalmente coagulada; en el segundo, por la presencia de una cámara de aire en el recipiente contenedor.
La familia sostiene que ambas evidencias eran irrepetibles y que su pérdida impidió realizar estudios toxicológicos y otras pericias consideradas esenciales para el esclarecimiento del caso. También argumenta que estas circunstancias afectaron el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre lo sucedido.
Solicitan una amplia batería de medidas
En la presentación judicial se requiere la remisión completa del legajo fiscal, informes sobre la cadena de custodia de las muestras, declaraciones testimoniales de especialistas del Laboratorio Químico Forense y de médicos forenses, además de informes al Colegio de Médicos, al Hospital Regional Vera, al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y al Organismo de Investigaciones.
Asimismo, los denunciantes pidieron que se determine si la autopsia era obligatoria en un caso de muerte violenta y si la actuación del profesional se ajustó a los protocolos médico-legales vigentes. También solicitaron que se investiguen antecedentes funcionales del médico denunciado en otras causas de características similares.
Esperan que se determine si existió responsabilidad penal
Finalmente, los padres de Miguel Nicolás Portillo solicitaron que, una vez producidas las pruebas correspondientes, se evalúe la eventual imputación formal del médico policial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de que durante la investigación puedan surgir otras figuras penales que el MPA considere aplicables.
La denuncia abre un nuevo capítulo en una causa que ha generado fuerte repercusión en Vera, donde la familia de la víctima insiste en que se esclarezcan todas las circunstancias vinculadas a la muerte de Miguel Nicolás Portillo y a la actuación de los funcionarios que intervinieron en la investigación.
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