La Justicia Federal llevó adelante este jueves cinco allanamientos en las localidades santafesinas de Acebal y Wheelwright, en el marco de una investigación por una presunta defraudación al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que habría generado un perjuicio económico superior a los 580 millones de pesos.
La causa es investigada por la Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario.
La pesquisa se centra en la actuación del médico cardiólogo Martín Gabriel A., quien desarrolla su actividad profesional en la localidad de Acebal. Según surge de la investigación, entre los años 2023 y 2025 el profesional habría declarado haber atendido a más de 5.000 afiliados de PAMI y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que gran parte de los afiliados supuestamente atendidos residen en provincias distintas a la de Santa Fe, lo que despertó sospechas sobre la veracidad de las prestaciones facturadas.
De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, el monto total de la maniobra investigada rondaría los 700 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 580 millones habrían sido efectivamente abonados por PAMI al profesional.
La investigación determinó que el cardiólogo registraba en el sistema de la obra social numerosas atenciones diarias a decenas de pacientes, incluyendo consultas iniciales y distintos estudios complementarios como electrocardiogramas, holter y otras prácticas especializadas.
La causa se inició a partir de una actuación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El organismo tomó conocimiento de que varios afiliados desconocían haber recibido las consultas y estudios médicos que figuraban registrados a su nombre.
Por disposición del juez de garantías Carlos Vera Barros, y a pedido de los fiscales Montefeltro y Sosa, se ordenaron cinco allanamientos vinculados a consultorios médicos donde atiende el profesional investigado y a su domicilio particular.
Las medidas son ejecutadas por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar el alcance de la presunta maniobra fraudulenta y las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.
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