Fue tras una audiencia celebrada en la mañana de este viernes
Dr. Franco Carbone titular de Microtrafico de la Provincia.
Fiscal Dr. Sebastián Galleano
Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Ariel Cena y Estefanía Oviedo, fueron imputados este jueves en los Tribunales de Reconquista por la presunta filtración de información reservada relacionada con los 18 allanamientos simultáneos realizados el pasado 29 de mayo en los barrios Cooperación y Belgrano de Avellaneda, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.
La audiencia fue presidida por el juez Mauricio Martelossi y contó con la participación del fiscal Sebastián Galleano, acompañado por el jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo.
Durante la imputación, la Fiscalía atribuyó a ambos efectivos los delitos de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, figuras que fueron planteadas en concurso real.
Según explicó el fiscal Galleano, las sospechas surgieron a partir de los resultados obtenidos durante los allanamientos realizados en Avellaneda. De los 18 procedimientos previstos, solamente dos arrojaron resultados positivos, situación que generó fuertes indicios de que la información había sido filtrada previamente.
"El operativo se vio frustrado y solo se lograron elementos incriminantes en dos de los objetivos investigados", sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación.
A partir de esa situación comenzó una investigación interna que involucró a la Unidad de Microtráfico, la Fiscalía General y Asuntos Internos, con el objetivo de determinar cómo la información confidencial había llegado a personas vinculadas a los procedimientos.
Para sostener la imputación, la Fiscalía expuso una serie de elementos probatorios reunidos durante la investigación, entre ellos capturas de conversaciones, pericias sobre teléfonos celulares secuestrados, análisis de líneas telefónicas, testimonios y registros obtenidos a través del sistema 911.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue el testimonio de una vicedirectora de una escuela primaria de Avellaneda, quien declaró que una alumna había manifestado anticipadamente que en su vivienda se iba a realizar un allanamiento.
Para los fiscales, ese episodio fue uno de los indicios que reforzó la hipótesis de una filtración de información sensible antes de que se concretaran los procedimientos judiciales.
Durante la audiencia, Galleano calificó el caso como de extrema gravedad institucional debido al impacto que tuvo sobre una investigación compleja y de gran despliegue operativo.
Los allanamientos movilizaron a más de un centenar de efectivos policiales de distintas dependencias de la provincia y formaban parte de una estrategia conjunta entre la Fiscalía Regional, la Unidad de Microtráfico, la Municipalidad de Avellaneda y diferentes áreas de seguridad.
Según la acusación, la filtración terminó afectando directamente los resultados esperados del operativo.
Otro de los aspectos expuestos por la Fiscalía fue la presunta existencia de acciones destinadas a desviar la investigación una vez descubierta la filtración.
De acuerdo con Galleano, los ahora imputados habrían intentado orientar las sospechas hacia otros integrantes de la fuerza policial e incluso hacia jefes de distintas áreas investigativas.
Durante la audiencia se exhibieron distintos elementos que, según la acusación, buscaban generar confusión respecto del origen de la filtración y entorpecer el avance de la causa.
El fiscal afirmó además que esas maniobras estuvieron cerca de provocar errores en el desarrollo de la investigación judicial.
Pese a las imputaciones realizadas este jueves, desde la Fiscalía remarcaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún resta analizar una importante cantidad de evidencia secuestrada.
Los investigadores no descartan la participación de otras personas y consideran que podrían surgir nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de teléfonos, comunicaciones y demás pruebas recolectadas.
"Entendemos que esto puede ser solamente la punta del iceberg", señalaron desde la acusación al referirse a la posibilidad de que existan más involucrados en la filtración.
La causa representa uno de los hechos más sensibles registrados en los últimos años dentro de la estructura de la PDI en el norte santafesino, ya que involucra a miembros de la propia fuerza encargada de llevar adelante investigaciones criminales.
Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de los hechos, Ariel Cena y Estefanía Oviedo quedaron formalmente imputados por su presunta participación en la divulgación de información reservada que, según la Fiscalía, terminó comprometiendo un operativo clave contra el microtráfico en Avellaneda.
