La audiencia se concretó pasado el mediodía de este viernes.
El juez de Garantías, Eduardo Rodrígues Da Cruz, dio por formalizada la imputación presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y ordenó la prisión preventiva efectiva por un año para Santiago Emmanuel Borras, Juan Cruz Borras, José Carlos Roca López y Yamil Zabala Núñez Pando, mientras que Agustín Héctor Subiela permanecerá detenido por 120 días.
En la audiencia intervinieron el fiscal Matías Scilabra, el fiscal coadyuvante Santiago Alberdi y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias. Además, el magistrado otorgó un plazo de un año para concluir la investigación con vistas a la acusación formal.
En paralelo, se informó que el cabo de Gendarmería Nacional Pablo Exequiel Miranda, quien resultó gravemente herido durante el operativo, continúa internado en terapia intensiva en el Sanatorio Laprida, aunque presenta una evolución favorable.
El operativo y el cargamento narco
La causa investiga el ingreso ilegal al país de aproximadamente 321 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 300 ladrillos compactos. Según la acusación fiscal, la droga fue transportada el 12 de mayo de 2026 desde Bolivia en una aeronave Cessna 206 con matrícula argentina falsa LV-OCO y matrícula boliviana CP-3435.
La avioneta aterrizó en una pista clandestina ubicada en un establecimiento rural de la localidad santafesina de Villa Eloísa. De acuerdo con la imputación, el piloto Yamil Zabala Núñez Pando y el copiloto José Carlos Roca López fueron recibidos por Santiago Emmanuel Borras, Juan Cruz Borras y Agustín Héctor Subiela, quienes aguardaban para trasladar la droga en distintos vehículos hacia otros puntos de acopio y distribución.
El procedimiento fue frustrado por efectivos de Gendarmería Nacional que realizaban tareas de vigilancia en la zona en el marco de una investigación previa.
La acusación por tentativa de homicidio
Uno de los hechos más graves atribuidos a Santiago Emmanuel Borras ocurrió durante la fuga posterior al aterrizaje de la aeronave.
La Fiscalía sostuvo que, al intentar escapar, el acusado embistió deliberadamente con una camioneta Fiat Strada a móviles de Gendarmería y posteriormente atropelló al cabo Pablo Exequiel Miranda sobre la Ruta Provincial 178.
Como consecuencia del impacto, el uniformado sufrió traumatismo craneoencefálico grave, fractura occipital y múltiples lesiones hemorrágicas, quedando internado en estado delicado.
Para los fiscales, la maniobra fue ejecutada con la intención de garantizar la fuga y asegurar la impunidad de los involucrados, aceptando incluso la posibilidad de causar la muerte del agente.
Un antecedente narco en Arequito
La investigación también vincula a Santiago Emmanuel Borras y Juan Cruz Borras con otro episodio ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en Arequito, donde una aeronave Cessna 182M Skylane con matrícula adulterada se accidentó transportando más de 62 kilos de cocaína.
Según la acusación, ambos habrían participado en las tareas logísticas vinculadas al aterrizaje clandestino y en la recepción del cargamento, junto al piloto Jorge Mario G. J. y otras personas aún no identificadas.
En el lugar del siniestro se secuestraron paquetes de cocaína, una pistola Glock y bidones de combustible, mientras que parte de la droga habría sido retirada rápidamente por los involucrados antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.
Marihuana secuestrada en Roldán
En otro tramo de la causa, Agustín Héctor Subiela fue imputado además por la tenencia con fines de comercialización de 787 gramos de marihuana hallados durante un allanamiento realizado en su domicilio de la ciudad de Roldán.
La sustancia estaba distribuida en varios frascos y una caja de zapatos, según detalló la investigación.
Las calificaciones legales
Los acusados enfrentan cargos por contrabando agravado de estupefacientes mediante el uso de aeronaves, vuelos ilegales y pistas clandestinas, con participación organizada de varias personas.
En el caso de Santiago Emmanuel Borras, además, se le atribuye tentativa de homicidio agravado contra un miembro de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones.
De manera alternativa, la Fiscalía también encuadró los hechos como tráfico ilícito de estupefacientes agravado, conforme a la Ley 23.737.
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