Un abogado impugnó la intimación del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que exige más de seis millones de pesos a los padres de un adolescente acusado de participar en una amenaza falsa.
La política del Ministerio de Seguridad de Santa Fe para aplicar multas económicas a familias de menores involucrados en amenazas falsas a escuelas ya enfrenta su primer planteo judicial. Un abogado presentó una impugnación formal contra una intimación oficial que exige el pago de más de seis millones de pesos a los padres de un adolescente por un episodio ocurrido en la ciudad de Santa Fe.
La presentación fue realizada por el abogado Rodolfo Mingarini, representante de una familia cuyo hijo, de entre 12 y 13 años, habría participado de un reto viral que terminó con la aparición de un mensaje intimidatorio. Según explicó el letrado, el hecho ocurrió fuera del establecimiento educativo y fue reconocido rápidamente por el propio menor ante sus padres y autoridades escolares.
El eje central del planteo apunta contra el mecanismo elegido por el Ejecutivo provincial para reclamar el dinero. Desde la defensa sostienen que el Estado no puede imponer una sanción económica de manera unilateral sin la intervención previa de la Justicia.
Mingarini aseguró además que el caso no reúne los elementos necesarios para configurar el delito de amenaza. “No hubo una intimidación concreta ni una situación real de coerción”, afirmó el abogado, quien remarcó que la nota fue encontrada en un estacionamiento y no dentro de la escuela.
Según consta en la presentación judicial, el adolescente admitió lo ocurrido, pidió disculpas y el conflicto fue abordado dentro de la comunidad educativa sin consecuencias mayores. Sin embargo, días después la familia recibió una notificación oficial que reclama el pago de más de seis millones de pesos, con un plazo de cinco días para abonarlo.
La defensa también cuestionó la falta de precisiones sobre el cálculo del monto exigido. De acuerdo al abogado, en el operativo intervino únicamente un patrullero, por lo que considera “desproporcionada y arbitraria” la suma reclamada por el Ministerio de Seguridad. “No hay detalle de gastos ni fundamentos claros sobre el importe”, sostuvo.
Otro de los puntos discutidos es la responsabilidad atribuida a los padres. Para la defensa, la responsabilidad penal es personal y no puede trasladarse automáticamente a la familia. En caso de existir una eventual responsabilidad civil, argumentan, debería ser determinada por un juez y no mediante una decisión administrativa.
La estrategia impulsada por el gobierno provincial surgió como respuesta al incremento de amenazas falsas en escuelas santafesinas, muchas de ellas vinculadas a desafíos o bromas difundidas en redes sociales. Desde la cartera de Seguridad sostienen que las multas buscan desalentar estas conductas y recuperar el costo de los operativos desplegados ante cada alerta.
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