El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe dio a conocer su informe de gestión correspondiente al año 2025, documento que resume las principales acciones, resultados y desafíos del organismo en el marco de la reciente reforma constitucional que fortaleció su independencia institucional.
María Cecilia Vranicich Fiscal General del MPA
El informe, presentado por la Fiscal General María Cecilia Vranicich, destaca que el período analizado estuvo marcado por un hecho histórico: el reconocimiento constitucional del MPA como órgano independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera. Este cambio se concretó tras la reforma de la Constitución provincial sancionada en septiembre de 2025, que redefinió el rol del organismo dentro del sistema de justicia penal santafesino.
De acuerdo con el documento, esta nueva jerarquía constitucional representa un “salto cualitativo” para la institución, al consolidar su responsabilidad en el diseño, planificación y ejecución de la política de persecución penal, con una actuación orientada al resguardo de los intereses de las víctimas.
El informe también remarca que el año 2025 fue clave en el fortalecimiento institucional del organismo, con la implementación del Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados, estrategia que permitió mejorar la respuesta frente a distintas modalidades delictivas y optimizar los procesos investigativos mediante un trabajo coordinado con otros organismos del Estado.
Además, se subraya la consolidación de la autonomía administrativa y financiera del MPA, lo que implica la gestión propia de recursos humanos, económicos y operativos, en línea con el nuevo marco constitucional. Estas acciones fueron acompañadas por medidas destinadas a mejorar la planificación institucional y fortalecer la estructura interna del organismo.
El documento también aborda los desafíos pendientes, entre ellos la necesidad de adecuación normativa para acompañar el nuevo diseño constitucional, lo que requerirá la sanción de nuevas leyes orgánicas y de enjuiciamiento que permitan operativizar el funcionamiento pleno del Ministerio Público en su nueva condición institucional.
Por último, el informe destaca que el organismo continuará profundizando las políticas orientadas a la atención de víctimas, la persecución estratégica del delito y la articulación interinstitucional, con el objetivo de consolidar un sistema de justicia penal más eficiente y accesible para la ciudadanía.
