Nota editorial Fm vida





La reciente decisión judicial que permitió recuperar la libertad al suspendido fiscal Leandro Benegas, tras permanecer detenido en el marco de una causa que lo investiga por un supuesto abuso sexual, volvió a encender un debate que atraviesa a la comunidad y expone, una vez más, las profundas grietas en la opinión pública. Un caso que ya no solo se discute en ámbitos judiciales, sino también en la calle, en redes sociales y en cada espacio donde se cruzan miradas, convicciones y prejuicios.

La sociedad parece haberse dividido, casi de manera automática, entre “los buenos” y “los malos”, como si la complejidad de un proceso judicial pudiera reducirse a una lógica binaria. Por un lado, están quienes juzgan de antemano y dan por hecho la culpabilidad del funcionario. En muchos casos, son voces que recuerdan investigaciones encabezadas por el propio fiscal y que, con mayor o menor fundamento, interpretan la situación como una especie de revancha o justicia poética. Por otro, se ubican quienes lo defienden con firmeza, sosteniendo que se trata de un hombre que, hasta aquí, se desempeñó del “lado correcto” y que hoy estaría siendo víctima de una acusación que consideran injusta.

Ese cruce de posiciones revela algo más profundo: el fenómeno del “gataflorismo” social. Aquello de “si está preso, es culpable” y, al mismo tiempo, “si está libre, hay algo raro”. Una postura que se acomoda según la conveniencia o el posicionamiento previo. Así, cuando el fiscal fue detenido, algunos hablaron de presiones políticas; ahora que recuperó la libertad, son otros los que invocan la misma hipótesis. El argumento cambia de dueño, pero no de contenido.

En este contexto, también aparecen frases que reflejan la tensión social. “Los inmorales nos han igualado”, expresó un vecino al momento de la detención, sintetizando el sentimiento de quienes ven en la causa una caída simbólica de una figura asociada a la persecución del delito. Pero del otro lado, hay quienes advierten que no se puede condenar mediáticamente a una persona sin que el proceso judicial concluya. Dos visiones opuestas, ambas cargadas de emociones, pero también de riesgos.

Lo cierto es que el proceso judicial continúa. No terminó con la detención ni finaliza con la excarcelación. La investigación seguirá su curso y, eventualmente, será un tribunal el que determine si existe responsabilidad penal o no. Ese es el camino institucional que corresponde, más allá de las especulaciones o interpretaciones que circulan en la opinión pública.

Mientras tanto, el debate social se alimenta de percepciones, simpatías, antipatías y lecturas políticas. Los mismos que ayer cuestionaban la actuación judicial hoy la reivindican, y viceversa. Una dinámica que deja en evidencia cómo, muchas veces, el posicionamiento no se basa en hechos sino en conveniencias o afinidades.

Quizás la mayor enseñanza de este caso sea recordar que la justicia no se construye en las redes ni en los comentarios de café. Se construye con pruebas, garantías y procesos. Ni la detención convierte automáticamente en culpable, ni la libertad implica inocencia definitiva. Entre esos extremos, existe un camino que debe respetarse.

En definitiva, el caso del fiscal Benegas no solo interpela a la justicia, sino también a la sociedad. Nos obliga a preguntarnos si realmente buscamos verdad o simplemente confirmación de nuestras propias creencias. Porque, en medio de los buenos, los malos y el gataflorismo a flor de piel, lo que no debería perderse es la prudencia y el respeto por el debido proceso.