En la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, se llevó a cabo en la ciudad de Vera una audiencia clave en el marco de la causa que investiga al fiscal suspendido Leandro Darío Benegas por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. El encuentro judicial tuvo lugar en la Sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial del Distrito 13 y fue presidido por el magistrado Fernando Marcelo Gentile Bersano.
La audiencia, iniciada a las 09:04 y finalizada a las 10:35, tuvo como objetivo tratar la apelación de la prisión preventiva que mantenía detenido al funcionario judicial, alojado hasta ese momento en la Unidad Penal N° 2. Participaron representantes del Ministerio Público de la Acusación, la querella, la defensa técnica del imputado y la víctima, quien también hizo uso de la palabra durante el desarrollo del acto.
El planteo de la defensa
Durante la audiencia, la defensa de Benegas insistió con un pedido de nulidad de la resolución que había dispuesto la prisión preventiva, argumentando que se habían vulnerado garantías constitucionales, particularmente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Los abogados sostuvieron que la decisión de imponer la medida cautelar se produjo de manera sorpresiva y sin que la defensa tuviera acceso pleno al legajo investigativo, lo que —según expresaron— impidió controlar adecuadamente la prueba reunida.
Además, cuestionaron la actuación de la magistrada que había dictado la detención, señalando que la audiencia original tenía por objeto tratar medidas alternativas y que el pedido de prisión preventiva se introdujo fuera del marco previsto. En ese sentido, solicitaron que se declare la nulidad de la resolución y se disponga la inmediata libertad del imputado, proponiendo alternativas como fijar domicilio fuera de la ciudad, prohibición de contacto con la víctima y restricciones para salir del país.
La postura de la Fiscalía y la querella
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que no se habían vulnerado derechos procesales. La Fiscalía indicó que la legislación permite solicitar medidas de coerción en el desarrollo de las audiencias y que la defensa tuvo oportunidad de manifestarse y plantear objeciones. Asimismo, se consideró que no correspondía declarar la nulidad del procedimiento.
La querella adhirió a la postura fiscal y solicitó mantener la prisión preventiva, afirmando que no se había afectado ninguna garantía constitucional y que la medida era adecuada en función de los elementos existentes en la causa. También se remarcó que el proceso se encuentra en etapa investigativa y que la detención había sido dispuesta con control jurisdiccional.
El testimonio de la víctima
Durante la audiencia, la víctima pidió que no se otorgue la libertad al imputado, manifestando temor por su seguridad y la de sus hijas. Expresó que la situación genera preocupación y que incluso afecta la vida cotidiana de su familia.
La resolución del juez
Tras escuchar a las partes, el magistrado Gentile Bersano resolvió declarar la invalidez parcial del tratamiento de la medida cautelar que había derivado en la prisión preventiva. El juez consideró que no se otorgó a la defensa el tiempo suficiente para acceder al legajo y ejercer adecuadamente su derecho, señalando que, conforme a la normativa, debió concederse un plazo mayor cuando las actuaciones estaban reservadas.
En consecuencia, dispuso la libertad del imputado bajo estrictas condiciones:
Fijación de domicilio en la ciudad de Santa Fe.
Prohibición de contacto con la víctima y testigos.
Prohibición de salir del país.
Retención del pasaporte.
Obligación de ofrecer un guardador.
Comunicación de la resolución a Migraciones.
Asimismo, el juez dejó abierta la posibilidad de que en primera instancia se vuelva a solicitar la prisión preventiva si surgen nuevos elementos que lo justifiquen.
Un caso que sigue generando repercusiones
La decisión judicial implica que el fiscal suspendido continuará el proceso en libertad, aunque sujeto a severas restricciones. La causa, que investiga hechos ocurridos años atrás y que involucran a un funcionario judicial, continúa en etapa investigativa y con fuerte impacto en la opinión pública.
La resolución no pone fin al proceso penal, sino que redefine la situación cautelar del imputado, mientras la investigación sigue su curso y las partes evalúan nuevos planteos en las próximas instancias judiciales.
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