La operación fue aprobada por el juez Fabián Silvano Lorenzini
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Reconquista autorizó a la empresa Algodonera Avellaneda S.A., actualmente en concurso preventivo, a vender un inmueble de su propiedad ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de 1.900.000 dólares.
La operación fue aprobada por el juez Fabián Silvano Lorenzini y contempla la venta del edificio situado en Luis Sáenz Peña 1074, que antiguamente funcionaba como sede administrativa de la empresa y de otras firmas vinculadas al grupo Vicentin.
El inmueble será adquirido por la firma Portland Administradora Fiduciaria S.A., cuya oferta resultó la más alta dentro de un proceso competitivo en el que también participó la empresa Proyección Electroluz S.R.L..
Una empresa paralizada y con dificultades para pagar salarios
Según surge de la resolución judicial, la empresa atraviesa una crítica situación económica y operativa, con sus principales unidades de negocio prácticamente paralizadas.
El expediente expone que:
La hilandería y la tejeduría se encuentran casi sin actividad.
Las plantas desmotadoras fuera de la provincia están inactivas por temporada.
La firma carece de liquidez para afrontar gastos operativos básicos y el pago de sueldos.
Durante una audiencia realizada en diciembre de 2025 se dejó constancia de la grave situación que atraviesan los trabajadores, quienes incluso registran salarios impagos.
La venta busca evitar la quiebra
La tasación realizada por peritos del Banco de la Nación Argentina fijó un valor estimado del inmueble cercano a 3,05 millones de dólares, aunque su valor de venta en un eventual remate judicial rondaría 2,24 millones.
La propuesta de Portland por 1,9 millones de dólares representa aproximadamente el 84,7% del valor de remate, lo que el juez consideró razonable dentro del contexto de crisis.
La resolución señala que la venta del inmueble —considerado un activo no estratégico para la empresa— permitirá:
Obtener liquidez inmediata
Pagar salarios atrasados
Financiar la reactivación de la actividad productiva
Evitar una eventual quiebra liquidativa
Cómo se pagará la operación
El fallo establece que la empresa compradora deberá:
Depositar el monto acordado en un fondo de inversión de liquidez inmediata, o
Realizar un depósito inicial de 300.000 dólares como seña en la cuenta judicial del expediente.
Ese dinero podrá utilizarse de manera inmediata para pagar sueldos y jornales atrasados, bajo control de la sindicatura del concurso.
Más de 300 puestos de trabajo en juego
El magistrado advirtió que la continuidad de la empresa es clave para preservar más de 300 fuentes de trabajo, por lo que consideró necesario habilitar la venta del inmueble ocioso para generar capital de trabajo.
Además, el juzgado solicitó a la Justicia Federal el levantamiento de medidas cautelares que pesan sobre el inmueble para poder concretar la escritura.
La resolución se enmarca en el proceso concursal que la empresa mantiene desde diciembre de 2024 y que aún busca una reestructuración que permita su continuidad productiva.
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