La funcionaria judicial advirtió que la legislación vigente está desactualizada y no responde a la realidad social actual. Planteó la necesidad de un debate profundo que contemple delitos graves, acompañamiento institucional y el rol de los adultos.
Dra. María Mercedes Del Sastre
La fiscal de Menores de la Cuarta Circunscripción Judicial, María Mercedes del Sastre, se pronunció a favor de una reforma integral del Régimen Penal Juvenil, al considerar que la normativa vigente resulta insuficiente frente a los cambios sociales y al aumento de hechos de violencia protagonizados por adolescentes.
En declaraciones a la prensa, Del Sastre sostuvo que la actual Ley 22.278, sancionada en 1980 y compuesta por apenas 11 artículos, no contempla de manera adecuada la complejidad del sistema penal juvenil ni las problemáticas que hoy atraviesan niños, niñas y adolescentes.
La fiscal señaló que en su labor cotidiana observa una “adultización temprana” de los menores, tanto en la forma de actuar como en el nivel de violencia de algunos delitos, situación que —según indicó— también se refleja en ámbitos escolares. En ese sentido, remarcó la ausencia de referentes adultos responsables, lo que debilita los procesos de contención y prevención.
Respecto al debate sobre la edad de imputabilidad, Del Sastre aclaró que no debe reducirse únicamente a una cuestión numérica, sino que debe formar parte de una reforma integral, enfocada especialmente en delitos graves y violentos, sin generalizar al conjunto de los jóvenes.
Entre los puntos que consideró centrales para una nueva legislación mencionó la necesidad de establecer parámetros claros para la aplicación de penas, regular los lugares de alojamiento de menores, definir las modalidades de ejecución de las medidas y fortalecer el trabajo interdisciplinario. Además, subrayó que deben fijarse mínimos y máximos de pena, descartando sanciones extremas como la prisión perpetua para menores.
Finalmente, la fiscal sostuvo que el debate debe darse en el ámbito legislativo y afirmó que “es el momento de actuar”, para lograr una ley que equilibre la protección de los derechos de los adolescentes con una respuesta eficaz del Estado ante hechos delictivos de gravedad.
Gentileza Miguel Minak
