Nota opinión por el periodista Manuel Mudry.





En los últimos días se generó un intenso debate público en torno al accionar de funcionarios judiciales, lo que motivó consultas a profesionales del foro local con el objetivo de esclarecer cuáles son los roles institucionales y el marco legal en el que se desarrollan este tipo de actuaciones.

Ante sospechas que involucran a funcionarios judiciales, existen dos instancias claramente diferenciadas: el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cada una cumple funciones específicas y complementarias, establecidas por la ley.

En el caso del fiscal Leandro Darío Benegas, ambas instancias se encuentran actualmente activas. Por un lado, avanza una denuncia penal en el ámbito de la Justicia, que es la única facultada para investigar delitos y determinar responsabilidades penales, garantizando el debido proceso y el análisis de pruebas. Por otro, la denuncia fue analizada en el ámbito legislativo por una comisión bicameral integrada por legisladores de distintos partidos políticos, que actuó conforme a la normativa vigente.

Desde el Poder Legislativo se aclaró que su rol no es juzgar delitos ni establecer culpabilidades, sino ejercer un control administrativo y disciplinario. En ese marco, puede evaluar si existió mal desempeño funcional o institucional y, de corresponder, aplicar sanciones previstas por la ley.

La Comisión de Acuerdos resolvió suspender de manera provisoria el trámite administrativo de sanción disciplinaria hasta tanto avance la investigación penal. Esta decisión fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa. La medida no implica el cierre del caso ni una situación de impunidad, ya que la causa continúa su curso en la Justicia Penal.

Asimismo, se informó que la comisión legislativa continuará monitoreando el proceso y podrá retomar el procedimiento administrativo si se dicta una condena firme, si surgen nuevos elementos probatorios o si se verifica mal desempeño funcional.

En este contexto, y más allá de la presión social o de las opiniones públicas, se remarcó que en un Estado de Derecho cada poder del Estado debe actuar dentro de sus competencias: la Justicia investiga y juzga, mientras que el Poder Legislativo controla y, en su caso, sanciona administrativamente. La definición final del caso aún no está cerrada.