La secretaría de Comercio dictó una resolución que ordena que los incrementos deben retrotraerse y calcularse desde diciembre de 2023.






El gobierno nacional ordenó este miércoles que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para "que devuelvan a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.

“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa este miércoles por la mañana, y explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos seis meses”.

Según explicó el vocero, la medida se tomó por una denuncia “por presunta cartelización” y tomó por sorpresa a las empresas que ahora analizan qué camino tomar. Al respecto, desde el Ejecutivo advirtieron que si bien las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no cesa ante una presentación de ese tipo.

“El gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, enfatizó Adorni.

La nueva decisión de la administración central, se da tras la polémica por los altísimos aumentos que las compañías aplicaron desde diciembre del año pasado, muy por encima de la inflación.

Con todo, Adorni aclaró que la Superintendencia "no controla más los precios pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”.

“El DNU invita a actuar en libertad, no a cartelizarse. Cuando detectamos que las leyes o normativas no se respetan, accionamos como nos exige la Ley. Esto aplica tanto a una empresa de telecomunicaciones, una prepaga o un piquetero", agregó.