La Sindicatura de Algodonera Avellaneda S.A. presentó ante la Justicia un informe en el que recomienda no continuar con la explotación de la empresa, actualmente en proceso de quiebra. La medida comprende la hilandería ubicada en Reconquista y las desmotadoras de algodón de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco). La decisión podría tener un fuerte impacto sobre los trabajadores y la actividad productiva de la región.
El informe, presentado el 11 de noviembre de 2026 ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, lleva las firmas de los integrantes de la Sindicatura, María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono.
En el documento, los síndicos solicitan que la Justicia no autorice la continuidad de la explotación de las plantas industriales y disponga el cese de las actividades una vez finalizada la producción que actualmente se encuentra en proceso.
Un déficit que hace inviable la continuidad
El principal argumento de la Sindicatura es que los ingresos provenientes de los contratos de fasón —mediante los cuales terceros aportan la materia prima y Algodonera Avellaneda realiza el procesamiento industrial— ya no alcanzan para cubrir los costos necesarios para mantener operativas las instalaciones.
Según el análisis económico presentado, la hilandería de Reconquista registra un déficit operativo mensual que oscila entre los 565 y los 814,7 millones de pesos, dependiendo del costo de la energía eléctrica.
Uno de los factores determinantes es precisamente el costo energético. La empresa recibe ingresos mensuales por aproximadamente 424,8 millones de pesos, mientras que los gastos de energía eléctrica se estiman entre 533 y 782,5 millones de pesos.
A esto deben sumarse los salarios, las cargas sociales, los insumos de producción, el mantenimiento, los servicios y los impuestos.
La Sindicatura también señaló que propuso a las empresas comitentes una actualización de las tarifas de fasón para cubrir los costos reales de producción, o bien que asumieran directamente el gasto energético correspondiente a sus encargos. Sin embargo, ambas alternativas fueron rechazadas.
La situación de las desmotadoras
El panorama tampoco resulta favorable para las plantas de Bandera y General Pinedo.
De acuerdo con el informe, la campaña de desmote 2026 finalizó en octubre y la próxima actividad productiva dependerá del ingreso de algodón correspondiente a la cosecha 2027.
Hasta ahora, los costos de funcionamiento de ambas instalaciones se cubrían mediante anticipos realizados por Vicentin S.A.I.C., correspondientes a servicios de desmote de la próxima campaña.
La Sindicatura considera que esos adelantos comprometen prestaciones futuras de la empresa y que, sumados a las facturas de energía impagas, generan un mayor endeudamiento.
Por ese motivo, también propone no continuar el contrato de fasón con Vicentin en las condiciones actuales y no recibir nuevos anticipos.
243 trabajadores alcanzados por la medida
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la situación laboral.
Al momento de la declaración de quiebra, el 14 de octubre de 2026, había 243 trabajadores afectados a la continuidad de la explotación en los establecimientos industriales.
La distribución del personal era la siguiente:
- Hilandería de Reconquista: 204 trabajadores.
- Desmotadora de Bandera: 21 trabajadores.
- Desmotadora de General Pinedo: 18 trabajadores.
La Sindicatura solicita que la Justicia declare extinguidos los contratos laborales por causa de la quiebra, con excepción del personal que resulte necesario para finalizar la producción en curso y realizar las tareas de vigilancia, mantenimiento y conservación de las instalaciones.
Además, plantea implementar las medidas administrativas necesarias para que los trabajadores puedan acceder a la prestación por desempleo ante ANSES, mediante el registro de las bajas laborales y la entrega de las certificaciones correspondientes.
También se contempla facilitar la verificación y el pronto pago de los créditos laborales, de acuerdo con las posibilidades y prioridades establecidas en el proceso judicial.
No se abandonarán las plantas industriales
El pedido de cese de actividades no significa el abandono de los establecimientos.
La Sindicatura propone mantener guardias mínimas en las tres plantas para garantizar la seguridad, la conservación de las maquinarias y las instalaciones, prevenir incendios y proteger los bienes existentes.
También se deberá completar la entrega de materias primas, productos en proceso y mercadería terminada que pertenecen a terceros y que actualmente se encuentran dentro de los establecimientos.
En Reconquista, Bandera y General Pinedo se mantendrá personal de vigilancia y mantenimiento, además de los operarios necesarios para completar las tareas de expedición y entrega de los productos.
El objetivo es preservar el valor de las instalaciones industriales y evitar que el cierre provoque daños en los equipos y edificios.
La intención es vender las plantas como unidades productivas
Otro punto importante del documento es que la Sindicatura no propone desguazar las instalaciones ni vender las maquinarias de manera individual.
Por el contrario, considera que las tres plantas tienen un valor industrial superior al que podrían alcanzar mediante una liquidación fragmentada de sus bienes.
En ese sentido, sostiene que la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera y General Pinedo deben conservarse como unidades productivas, con la posibilidad de que puedan ser reactivadas por un eventual comprador si las condiciones económicas permiten cubrir sus costos de funcionamiento.
También se plantea acelerar la venta de activos que no están directamente vinculados con la producción, como inmuebles, vehículos, maquinaria en desuso, chatarra y otros bienes, con el propósito de generar fondos para afrontar las obligaciones del proceso de quiebra.
Ahora deberá resolver la Justicia
En las conclusiones del informe, la Sindicatura sostiene que mantener la explotación en las actuales condiciones solamente provocaría un crecimiento de las deudas, afectando incluso las posibilidades de cobro de los propios trabajadores y del resto de los acreedores.
Por ello, solicitó formalmente al juez que no autorice la continuidad de la actividad industrial y disponga el cese ordenado de las operaciones, una vez concluida la producción en curso.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver sobre el pedido presentado.
La situación de Algodonera Avellaneda representa un escenario de enorme preocupación para el norte santafesino y toda la región algodonera, no solamente por los 243 puestos de trabajo involucrados, sino también por el impacto que el futuro de estas plantas industriales puede tener sobre productores, proveedores, trabajadores y toda la cadena productiva vinculada al algodón.
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