Un grupo de padres y madres de la Escuela Primaria Jornada Completa N° 6236 “San José de Calasanz” de la ciudad de Vera hizo pública una carta abierta en la que manifiestan su “profundo dolor, indignación y repudio” ante los hechos que involucran a un docente imputado por delitos contra la integridad sexual.
En el documento, las familias relatan situaciones que incluyen presuntos episodios de violencia física y conductas inapropiadas dentro del ámbito escolar, los cuales —afirman— habrían ocurrido en presencia de otros docentes.
Según expresaron, el docente Martín, José Héctor Carlos se encuentra actualmente apartado de sus funciones en dicha institución, aunque estaría desempeñando tareas en otro establecimiento educativo de la ciudad.
Uno de los puntos más graves señalados en la carta refiere al presunto incumplimiento de una medida judicial de restricción. De acuerdo a lo denunciado, el pasado 6 de marzo el imputado habría violado una prohibición de acercamiento al concurrir a inmediaciones del establecimiento educativo, situación que —siempre según los padres— fue informada a las autoridades escolares sin que se realizaran las actuaciones correspondientes.
Las familias también cuestionaron duramente al equipo directivo de la institución, al que acusan de mantener una actitud de “omisión, falta de colaboración y encubrimiento”, señalando que no se habría acompañado adecuadamente a las presuntas víctimas ni garantizado la seguridad de los alumnos.
En este contexto, los firmantes de la carta elevaron una serie de exigencias concretas a las autoridades: la exoneración definitiva del docente imputado y su inhabilitación para ejercer la docencia, la intervención e investigación del equipo directivo y personal involucrado, y el avance sin demoras del proceso judicial junto con asistencia psicológica integral para los niños afectados.
“Nuestros hijos tienen derecho a una infancia libre de violencias. No pedimos favores, exigimos justicia”, expresaron en el tramo final del documento, en el que también remarcaron su preocupación por la seguridad dentro del ámbito escolar y la necesidad de recuperar la confianza en la institución.
La carta lleva la firma de padres y madres de la comunidad educativa y está fechada el 18 de marzo de 2026.
Se espera ahora una respuesta oficial de las autoridades educativas y judiciales ante la gravedad de las denuncias planteadas.
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