Dirigentes políticos, familiares e instituciones en comunicación con representantes de Margarita, Calchaquí, La Gallareta y otras comunas se reunieron hoy en la Defensoría del Pueblo de Vera para solicitar mejores condiciones para la espera de los turnos de auditoría.





Se acordó cortar la calle para organizar a las personas y se colocarán gazebos, sillas y agua para mejorar las condiciones de espera.

Además, se logró un importante avance con la intervención de ATE, que pondrá voluntarios con computadoras para ayudar a los beneficiarios a cargar la documentación.

Esto es crucial, ya que una vez realizado el control, los datos deben ser enviados vía web para evitar la pérdida de la pensión.

Finalmente, los presentes analizaron a qué instancia recurrir por aquellos que no han recibido la notificación para presentarse a las auditorías.

El operativo cuenta con la participación de 15 médicos, que trabajarán a lo largo de cinco días consecutivos, según indicó.

“Los turnos y las fechas fueron establecidos de antemano por la organización central, pusieron 400 turnos por día y hay que atender a los 400”, se aclaró.
Las auditorías buscan garantizar una correcta revisión de la documentación y el estado de salud de los beneficiarios, asegurando así la validez de los certificados de discapacidad a nivel nacional.

El tema es que no todos los casos son iguales y se han generado situaciones incómodas y hasta denigrantes por cuanto la mayoría de los beneficiarios debe venir acompañado, muchos son del interior y no tienen recursos para viajar y muchos menos para pagar una estadía los que no pueden regresar en el día.

Se resolvió presentar una nota ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia expresando “la profunda preocupación e indignación por el trato recibido por la Agencia de Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el procedimiento de verificación desarrollado en la cabecera departamental donde se citó a diferentes localidades como Calchaquí, Margarita, La Gallareta…”quienes fueron citados a un consultorio médico particular para verificar la validez del beneficio, “sin las más mínimas condiciones, demostrando un profundo desconocimiento de la realidad territorial y una total falta de empatía, dado que el lugar no ofrecía las comodidades de accesibilidad ni espera”.

La Municipalidad aportando gazebos, ATE poniendo a disposición su sala de informática donde los datos son cargados por alumnos colaboradores de las tecnicaturas del Colegio Superior Nº 42, a cargo de la Profesora Analía Martínez, mientras el senador ofreciendo su equipo técnico para el asesoramiento legal fueron las primeras medida adoptadas en el marco de la reunión de la que participaron el senador Osvaldo Sosa, la intendente Paula Mitre, el diputado Sergio Rojas, el presidente comunal de La Gallareta, Fernando Nicola, los delegados gremiales, Daniel Ponce (ATE) y Soledad Tedini (Amsafe); concejales, referentes institucionales y los propios afectados que ofrecieron sus testimonios para avalar el reclamo.