Todos los bienes secuestrados en los 29 allanamientos continúan secuestrados.
El Juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas por narcotráfico.
La investigación comenzó un año atrás, y derivó en 29 allanamientos solicitados por el fiscal federal Roberto Salum, realizados desde antes del amanecer del miércoles 3 de agosto de 2022 en varias localidades de la Provincia de Santa Fe: 8 en Reconquista, 2 en Romang, 2 en San Javier, 3 en Santa Fe, 2 en Santo Tomé, 6 en Videla, 1 en Naré; y 5 en San Justo, cuando el juez ordenó la detención de siete personas.
Los procesados con prisión preventiva, son:
Gustavo Hernán Romero, 31, DNI 35.454.287, de Reconquista.
Raúl Alberto Romero, 59, DNI 14.974.849, de Reconquista.
Gustavo Daniel Farías, 50, DNI 22.952.040, de Reconquista.
Victorio Felix Ortiz, 35, DNI 32.140.591, de Reconquista.
Duilio Ubaldo Repetto, 53 Años, DNI 20.398.097, de Videla.
Angel Cecilio Mendoza, 54, DNI 17.857.630, de San Javier; y
Marcelo Matías Vega, 34, DNI 32.979.189, de Romang.
Los cuatro reconquistenses: Gustavo Romero, Raúl Romero, Gustavo Farías y Victorio Ortíz, fueron procesados como presuntos autores penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo; y por haberlo cometido en las inmediaciones de un establecimiento educativo (Artículo 11, incisos c) y e) de la Ley 23.737.
Duilio Repetto, Angel Cecilio Mendoza y Marcelo Matías Vega, procesados como presuntos autores penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, previsto en el artículo 5° inciso c), con la agravante del art. 11 inciso c) de la Ley 23.737.
En el procesamiento, el juez dispuso el embargo de bienes hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000.-) para cada uno de ellos; y mantener el secuestro oportunamente dispuesto sobre la totalidad de los bienes incautados por entender que los mismos se encuentran vinculados a los delitos por los cuales se dictó el procesamiento y, por lo tanto, sujeto a decomiso y/o pueden servir como medios de prueba, según el artículo 231 del Código de Procedimiento penal de la Nación.
Entre los elementos secuestrados, se destaca el hallazgo de Marihuana, Cocaína, 57 teléfonos celulares, armas de fuego y municiones de diverso calibres, 5 balanzas de precisión, automotores, motos, computadoras, notebooks, 2.593.560 pesos argentinos, 379.686 dólares, 8 chips de oro puro con su respectiva certificación de validez, armas de fuego y municiones de alto calibre, entre otros elementos de interés para la causa.
Vale recordar que la investigación fue bautizada por los investigadores como "Operativo Turf", en referencia a que los implicados tienen relación con el mundo de la cría, entrenamiento, y de las carreras de caballos, donde además comercializaban los estupefacientes (cocaína y marihuana).
Las tareas de investigación fueron llevadas adelante, previa autorización judicial, por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, AIC; con colaboración de personal del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, MPA, todo bajo la dirección del Fiscal Federal de Reconquista, Dr. Roberto Salum. Consistieron en observaciones, registros fotográficos, fílmicos y telefónicos, búsquedas en diferentes bases de datos de organismos oficiales, redes sociales, instalación de un dispositivo de videovigilancia frente al domicilio de uno de los investigados, instalación de dispositivos GPS en el vehículo de uso habitual de algunos de los investigados, entre otras; por lo que, conforme con los resultados obtenidos y analizados de forma entrecruzada, permitieron colectar numerosos elementos probatorios para la causa.
También investigarán el presunto Lavado de Dinero obtenido del Narcotráfico
El magistrado requirió al Fiscal Salum, que proceda a investigar la presunta comisión del delito de lavado de activos, debido a la logística y los bienes que fueron secuestrados.
Para fundamentarlo tal pedido, entiende el Dr. Alurralde que, desde la reforma constitucional del año 1994 y por la aplicación del art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se estableció que las normas emanadas de las convenciones internacionales ratificadas por el país, tienen jerarquía superior a las leyes de la Nación. En esas condiciones, el Congreso de la Nación ha aprobado varios instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, suscriptos por el Estado, por lo que los órganos estatales se encuentran obligados a dar cumplimiento de todas las cláusulas, entre los que se enuncian la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada el 29 de marzo de 1996, incorporada a nuestro ordenamiento interno por la ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997, y publicada en el Boletín Oficial el 17 de enero de 1997; y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en diciembre de 2003, cuyo fin es la promoción y el fortalecimiento de las medidas preventivas facilitando la cooperación internacional para recuperar los activos provenientes de los actos ilícitos.
Gentileza de ReconquistaHoy
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